Un proyecto del Congreso podría transformar —y complicar— el uso diario de Yape en todo el país

Lima, Perú. — Una nueva propuesta legislativa ha encendido las alarmas entre usuarios, especialistas y empresas tecnológicas: La congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez, de Perú Libre, presentó un proyecto de ley que busca eliminar la inmediatez de las transferencias de Yape y otras billeteras digitales, argumentando que esta medida reduciría fraudes, estafas y, sorpresivamente, extorsiones.

El documento plantea que los usuarios puedan activar una función que obligue a aceptar manualmente cada transferencia entrante antes de que el dinero se refleje en la cuenta. Es decir, si alguien envía un pago, este quedaría “en espera” hasta que el receptor lo apruebe. Un cambio que rompería por completo el sistema actual, basado en la rapidez e instantaneidad.

Casos de extorsión en Yape

La congresista sostiene que el uso masivo de Yape, Plin y otras plataformas, si bien ha impulsado la inclusión financiera, también “abrió espacios para nuevas formas de fraude, estafa y extorsión”. Su iniciativa afirma que, al no existir actualmente la opción de rechazar una transferencia entrante, los usuarios estarían expuestos a ser utilizados como intermediarios involuntarios de dinero ilícito.

¿Qué cambios obligatorios plantea el proyecto?

El texto del proyecto detalla que todas las billeteras digitales deberán implementar, como mínimo, las siguientes funciones:

• Permitir al usuario aceptar o rechazar manualmente cualquier transferencia recibida antes de hacerla efectiva.
• Configurar la recepción automática solo para contactos autorizados previamente.
• Mostrar, antes de la aceptación, datos completos del remitente: Nombre, número de teléfono y monto enviado.
• Garantizar que la información sea visible en tiempo real para evitar engaños o transacciones no consentidas.

Según Agüero, esta función opcional “devuelve al ciudadano el control de sus operaciones” y, además, “disuade a los extorsionadores”. La congresista considera que romper la inmediatez en las transacciones puede cortar supuestos ciclos de pago forzado que, asegura, son cada vez más comunes en el país.

La polémica pregunta: ¿Realmente esto evita extorsiones?

Aunque el proyecto menciona repetidamente la palabra “extorsión”, especialistas en delitos financieros cuestionan la lógica de la propuesta. En la mayoría de los casos de extorsión en Perú, es la víctima quien envía dinero bajo amenaza, no quien lo recibe. Por lo tanto, permitir que un usuario rechace un pago entrante no impediría que sea forzado a enviar dinero a los criminales.

“Los extorsionadores no necesitan que tú aceptes un pago, necesitan que tú envíes uno”, explican analistas de ciberseguridad consultados por medios locales.

“El proyecto confunde el flujo del dinero y plantea una solución que no ataca el problema real: la coacción”.

Además, especialistas advierten que, si un ciudadano rechazara un depósito de un delincuente que intenta utilizar su cuenta como intermediaria, esto podría agravar el riesgo para la víctima, generando represalias inmediatas.

Impacto diario: Millones de usuarios podrían verse afectados

De aprobarse la ley, el cambio significaría que millones de personas que utilizan Yape para compras rápidas, pagos de taxis, ventas informales o transacciones de negocios tendrían que aprobar manualmente cada movimiento antes de recibir su dinero.

Esto generaría retrasos en pagos comerciales, congestión en operaciones y una barrera tecnológica especialmente difícil para adultos mayores o personas con acceso limitado a datos móviles.

Las empresas de billeteras digitales aún no han emitido comunicados oficiales, pero expertos estiman que la implementación del sistema sería técnicamente compleja, costosa y podría afectar la confiabilidad del servicio.

¿Seguridad real o retroceso digital?

El proyecto abrió un debate más amplio sobre el equilibrio entre seguridad y modernización financiera. Algunos ciudadanos apoyan la idea de tener más control sobre sus movimientos, mientras otros consideran que la medida responde a un entendimiento equivocado del fenómeno delictivo.

Para analistas, la propuesta parte de una preocupación legítima —el aumento de delitos digitales— pero ofrece una solución que podría generar más problemas de los que pretende resolver.

La discusión continuará en las próximas semanas, mientras la ciudadanía se pregunta:

¿Es esta la forma de combatir la delincuencia, o un paso atrás en la digitalización del país?