La presidenta Claudia Sheinbaum presume una baja histórica en los homicidios, pero los datos oficiales y especialistas en seguridad advierten que la violencia en México sigue en niveles alarmantes

Ciudad de México. — Frente a miles de simpatizantes reunidos en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su estrategia de seguridad ha logrado una «reducción significativa» en los homicidios dolosos. Sin embargo, las cifras oficiales y el análisis de expertos muestran una realidad más compleja y preocupante.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros 12 meses de gestión de Sheinbaum se registraron 25.712 homicidios, un 25,9% menos que los 34.732 ocurridos durante el primer año de Andrés Manuel López Obrador. Pero la aparente mejora se diluye al revisar otros indicadores y contrastar con los reportes del Inegi, que registró 33.241 homicidios en 2024, más que los reportados por el propio Gobierno.

Los estados donde la violencia no da tregua

Las cifras nacionales esconden fuertes contrastes regionales. En Sinaloa, por ejemplo, los homicidios aumentaron más del 100% durante el primer año de Sheinbaum, una escalada vinculada a los choques entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la captura de “El Mayo” Zambada en 2024.

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También se registraron incrementos en Campeche, Baja California Sur, Nayarit, Morelos, Tabasco, Yucatán y Aguascalientes. En contraste, solo 24 estados reportaron reducciones, aunque muchas aún con niveles de violencia altos.

Mientras tanto, escenas de pueblos abandonados en Michoacán y Jalisco, o el asesinato de figuras públicas como el empresario Bernardo Bravo y el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, contradicen el optimismo del discurso presidencial.

Expertos cuestionan la narrativa oficial

Para Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), los reportes del SESNSP podrían estar subregistrando casos.

“Las fiscalías no siempre reportan todos los homicidios, y eso genera una imagen incompleta del problema”, advirtió.

El especialista Ernesto López Portillo coincidió en que existe una “discrepancia preocupante” entre los datos del SESNSP y los del Inegi, mientras que la académica Marisol Ochoa Elizondo, de la Universidad Iberoamericana, aseguró que la violencia “no se puede medir solo con homicidios”, sino observando también fenómenos como desapariciones y extorsiones.

Desapariciones y extorsiones: el otro rostro de la violencia

El registro nacional contabiliza más de 133.000 personas desaparecidas en México, de las cuales 29.000 corresponden solo a este año. Para organismos internacionales, como la ONU, la situación ya es una crisis de derechos humanos.

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Además, los casos de extorsión aumentaron un 26% durante el primer año de Sheinbaum, según el SESNSP. Este delito golpea a pequeños comerciantes, transportistas y empresarios en regiones dominadas por grupos criminales, como Michoacán y Guerrero.

En respuesta, la mandataria lanzó una estrategia nacional contra la extorsión y una nueva ley que endurece las penas hasta 25 años de prisión. Sin embargo, expertos aseguran que el problema es estructural y refleja la “vulnerabilidad institucional” de muchas regiones.

Inseguridad en aumento: seis de cada diez mexicanos lo sienten

Más allá de los números, la percepción ciudadana muestra una tendencia preocupante. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, el 63% de los mexicanos dijo sentirse inseguro en su ciudad, frente al 58,6% registrado el año anterior.

Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Culiacán (88,3%), Irapuato (88,2%) y Chilpancingo (86,3%), todas afectadas por disputas criminales y una débil presencia institucional.

“Entender las regiones y adecuar las estrategias según sus particularidades puede ser más efectivo que un modelo único para todo el país”, apuntó Ochoa Elizondo, quien llamó al Gobierno a mantener un “espíritu autocrítico”.

Un país que sigue sangrando

La reducción estadística en homicidios contrasta con una violencia diversificada que va desde desapariciones y extorsiones hasta desplazamientos forzados. Para las organizaciones civiles, el reto de Sheinbaum no es solo mantener las cifras a la baja, sino reconstruir la confianza en las instituciones y en el Estado.