El choque político por la nueva reforma tributaria escala a niveles inéditos.

Bogotá, Colombia. — La tensión entre el Gobierno de Gustavo Petro y la oposición volvió a estallar este lunes, luego de que el Ejecutivo lanzara un desafío directo a quienes rechazan la nueva reforma tributaria: demostrar, con argumentos sólidos, por qué los nuevos impuestos afectarían a la población de menores ingresos. La confrontación se da mientras el proyecto permanece bloqueado en el Congreso y crece el temor por una eventual crisis fiscal.

Un pulso que tiene frenada la reforma

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió con firmeza que la ley de financiamiento es “progresiva” y esencial para recuperar el equilibrio fiscal de Colombia. Según el Gobierno, la reforma generaría $16,3 billones para financiar parte del presupuesto nacional de 2026 y permitiría reducir desigualdades a través de impuestos dirigidos a patrimonios altos, bebidas alcohólicas, tabaco y sectores con baja carga tributaria.

En su mensaje más directo hasta ahora, Ávila cuestionó a los detractores: “Parecen preocupados, pero no han demostrado que esta ley castigue a los más pobres”. El comentario encendió aún más la confrontación con el Centro Democrático y otros partidos opositores.

Desde la orilla contraria, el senador Enrique Cabrales denunció presuntas irregularidades, señaló que varios congresistas abandonaron el debate de forma deliberada y aseguró que la reforma “es un golpe para las familias y los trabajadores”.

Los bancos y los grandes patrimonios, en la mira

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el incremento en la tributación del sector financiero. El Gobierno asegura que las entidades bancarias tributan mucho menos que sectores como la industria o la agricultura, pese a registrar utilidades superiores a $111 billones en 2025.

No obstante, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, advirtió que elevar la sobretasa financiera podría generar un efecto contrario al esperado, recordando que en 2023, al aumentar el tributo, el recaudo cayó de $3 billones a $2,2 billones, fenómeno que atribuyó a la reconocida “curva de Laffer”.

Ávila, por su parte, insistió en que los patrimonios superiores a $6.200 millones deben contribuir más para financiar servicios básicos y combatir la desigualdad.

“¿Cuántos trabajadores o pequeños empresarios tienen ese nivel de riqueza?”, cuestionó.

Choque legislativo y posibles cambios al proyecto

El trámite de la reforma vive su etapa más tensa. En la Comisión Cuarta del Senado, la iniciativa terminó archivada con 8 votos, lo que el Gobierno atribuye a maniobras opositoras. Cabrales, por el contrario, afirma que el Ejecutivo está intentando “sabotear” el debate para acelerar su aprobación por vías alternativas.

Frente a la presión política, el Gobierno dejó abierta la puerta a revisar algunos puntos polémicos, como el impuesto al consumo de licores —en especial la cerveza— o la eliminación del impuesto al carbono de $100 por galón, un costo que afecta directamente el precio de la gasolina.

Para el Ejecutivo, la reforma es indispensable para evitar que el país enfrente medidas más duras, incluidos incrementos en combustibles o recortes presupuestales. Sin embargo, la falta de consenso mantiene el panorama en incertidumbre.

Por ahora, el Gobierno exige que la oposición demuestre con datos que los impuestos afectan a los sectores menos favorecidos, mientras que sus detractores prometen frenar lo que llaman una “reforma regresiva y peligrosa”.