Diputados aprueban nueva Ley contra Extorsión; pasa al Senado para su ratificación

Ciudad de México. — La Cámara de Diputados aprobó este martes la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal que busca fortalecer el combate a uno de los delitos de mayor impacto social y económico en el país.

El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, y ahora será turnado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

La nueva norma permitirá perseguir de oficio el delito de extorsión, imponer penas de hasta 25 años de prisión y facilitar denuncias anónimas a través del número 089, con el fin de proteger a las víctimas y testigos.

Reducción de penas a servidores públicos omisos

Durante la discusión en lo particular, las bancadas de Morena, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano aprobaron una reserva que modifica las sanciones a los servidores públicos encargados de prevenir o investigar este delito. La reserva reduce las penas de cárcel a quienes, teniendo la obligación de denunciar actos de extorsión, no lo hagan ante el Ministerio Público.

Diputados aprueban nueva Ley contra Extorsión

Inicialmente, la iniciativa presidencial contemplaba penas de 10 a 20 años de prisión para estos funcionarios; sin embargo, con la modificación avalada por la mayoría oficialista, la sanción se redujo a un rango de 5 a 12 años.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, justificó la reducción señalando que se busca:

«Una proporción lógica y justa entre el castigo al extorsionador directo y al servidor público omiso o cómplice”.

Por su parte, el diputado del PAN, José Elías Lixa, criticó duramente la medida y propuso aumentar las penas a los extorsionadores hasta 20 años de prisión, en lugar de reducir las sanciones a funcionarios omisos.

“No es bajando la pena de los cómplices del gobierno como se combate la extorsión, sino endureciendo el castigo a los delincuentes”, afirmó.

Aspectos clave de la nueva Ley Antiextorsión

La nueva legislación establece una pena base de 6 a 15 años de cárcel y multas de hasta 500 veces el valor diario de la UMA —equivalentes a unos 56 mil 570 pesos— para quienes obliguen a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo con el propósito de obtener un beneficio económico.

El dictamen incluye 34 agravantes, agrupadas en tres apartados, que elevan las penas en hasta una tercera parte (de 8 a 20 años) cuando:

• La extorsión implique cobro de “derecho de piso” o se dirija contra comerciantes, empresarios o prestadores de servicios.
• Se cometa a nombre de sindicatos, organizaciones o grupos criminales, reales o simulados.
• La víctima sea menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad.
• El delito se cometa mediante el uso de tecnologías de comunicación o redes sociales.

Asimismo, la ley prevé que la reparación del daño a las víctimas se realice con cargo a los recursos obtenidos por extinción de dominio, sin afectar los bienes asegurados que ya hayan pasado a manos del gobierno federal o estatal.

Denuncias anónimas y fortalecimiento institucional

Uno de los pilares de la nueva legislación es la implementación de mecanismos seguros para la denuncia ciudadana. Cualquier persona podrá reportar actos de extorsión a través de la línea anónima 089 o mediante plataformas digitales especializadas, sin riesgo de represalias.

Además, la ley contempla la creación de un registro nacional de extorsionadores, coordinado entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de unificar información y combatir la impunidad.

Próximos pasos

Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto fue remitido al Senado, donde las comisiones de Justicia y Seguridad Pública analizarán el dictamen antes de su votación final. De aprobarse sin cambios, la nueva Ley Antiextorsión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El delito de extorsión ha aumentado más del 30% en los últimos cinco años en México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que ha generado creciente presión social para fortalecer las sanciones y mecanismos de prevención.