El Congreso de Perú destituyó anoche a la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, tras perder el respaldo de las principales fuerzas políticas que hasta ahora la habían protegido en el Parlamento. La decisión se tomó en medio de una profunda crisis generada por el incremento de la criminalidad en el país.

La votación registró 118 votos a favor de los 122 parlamentarios presentes en la sesión, sin votos en contra ni abstenciones. Se requerían 87 votos para aprobar la “vacancia presidencial”.

En las calles de Lima, cientos de manifestantes celebraron con banderas y pancartas la salida de la mandataria de 63 años, quien se negó a ejercer su derecho a la defensa al considerar que el proceso violaba el debido procedimiento.

Boluarte, destituida tras perder apoyo político

La presidenta fue citada al Congreso cerca de las 23:30 horas, luego de que por amplia mayoría se aprobaran cuatro mociones que solicitaban su remoción. Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta.

Castillo fue removido ese mismo día tras intentar disolver el Parlamento y actualmente se encuentra detenido de forma provisional, acusado de rebelión y abuso de poder. En ese contexto, Boluarte asumió la presidencia prometiendo estabilidad, pero enfrentó desde el inicio un país fracturado y violentas protestas sociales.

Partidos que la apoyaban le retiraron el respaldo

Durante la jornada, los partidos Fuerza Popular (de Keiko Fujimori), Alianza para el Progreso y Renovación Popular (liderado por Rafael López Aliaga, alcalde de Lima) anunciaron que votarían a favor de la destitución. Estas bancadas habían sido su principal sostén político desde 2022.

“Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser vacada esta señora presidenta, merece ser castigada”.

“Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser vacada esta señora presidenta, merece ser castigada”, declaró la legisladora Norma Yarrow durante el debate previo a la votación.

Acusaciones por corrupción y represión

Uno de los pedidos de vacancia acusó a Boluarte de enriquecimiento ilícito por el presunto uso indebido de relojes de lujo Rolex, además de su responsabilidad en la matanza de decenas de manifestantes durante las protestas sociales de finales de 2022 e inicios de 2023, que dejaron al menos 50 civiles muertos, incluidos ocho menores de edad.

Organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante aquellas movilizaciones.

Una destitución anunciada

Horas antes de su remoción, Boluarte había asegurado en un acto público en el Palacio de Gobierno que pensaba cumplir su mandato hasta el 28 de julio de 2026. Sin embargo, la presión política y social se intensificó tras una serie de episodios violentos y denuncias de corrupción.

La destitución ocurre a seis meses de las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026, en las que se elegirá un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores.

Una crisis política que no da tregua

Desde 2016, Perú ha atravesado una inestabilidad institucional sin precedentes: ha tenido seis presidentes en ocho años. Dos fueron destituidos por el Congreso, otros dos renunciaron, uno completó un mandato interino y Boluarte llegó tras la caída de Castillo. Actualmente, tres expresidentes enfrentan procesos judiciales o prisión preventiva por corrupción o abuso de poder.

Durante los primeros tres meses de la gestión de Boluarte se registraron más de 500 protestas exigiendo su renuncia. Aunque en 2021 había prometido dimitir si Castillo era destituido, finalmente decidió permanecer en el cargo, lo que provocó un fuerte rechazo social, especialmente en las regiones del sur andino.

Criminalidad y crisis de seguridad

El detonante de la crisis fue el ataque armado ocurrido la noche del miércoles contra el grupo musical de cumbia Agua Marina, que dejó cinco heridos. El hecho, considerado una muestra del auge de la criminalidad en el país, aumentó la percepción de que el gobierno de Boluarte había perdido el control del orden interno.

“La población vive atemorizada, los homicidios y las extorsiones no se detienen, y el Estado está paralizado”.

“La población vive atemorizada, los homicidios y las extorsiones no se detienen, y el Estado está paralizado”, señaló un informe del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana divulgado esta semana.

Con la destitución, el Congreso deberá designar un presidente interino en las próximas horas para encabezar la transición política hasta las elecciones de 2026.